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Flexibilizar la segunda oportunidad para hacerla más eficaz

febrero 21, 2019 by CIAE Autónomos in Sala de Prensa with 0 Comments

Desde CIAE (Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español) constatamos que cada vez más actividades económicas regentadas por trabajadores autónomos se ven inmersas en concursos de acreedores, según las cifras oficiales aumentaron el pasado año en un 18,9%, junto a este dato también se constata que siguen existiendo más insolvencias que concursos de acreedores, lo cual pone de manifiesto que muchas empresas siguen sin acudir al concurso, demostrándose la existencia de una enorme bolsa de economía sumergida que tanto daño hace a la economía real.

Dada la importancia de los trabajadores autónomos en la creación de empleo, ya que sobre sus hombros se carga una gran parte del trabajo que se genera a nivel nacional, hay que destacar las enormes dificultades que conlleva el día a día del trabajo, autónomos con insuficientes apoyos e incentivos que faciliten su proyección en el mundo empresarial. Cierto es que para aquellas actividades económicas que han caído en la insolvencia existe la denominada Ley de la Segunda Oportunidad para rescatar autónomos y emprendedores. Pero la ineficacia de esta medida es bien manifiesta, entre otras cosas porque requiere de un acuerdo previo extrajudicial con los acreedores, la obligación de demostrar que se es deudor de buena fe, constatar que se tiene más de un acreedor y no poder pagar esas deudas.

A la hora de hacer más flexibles y eficaces las medidas para incorporar a los autónomos al mundo de la empresa, consideramos que deberían corregirse algunas de las trabas que hacen casi imposible la mencionada Segunda Oportunidad.

Creemos que habría que limitar los excesivos privilegios que disponen las Administraciones Públicas en el concurso en el que aparecen como crédito privilegiado, así como en las soluciones preconcursales (acuerdos de refinanciación) y extraconcursales (mediaciones) donde no resulta obligatorio que acudan ni Hacienda ni la Seguridad Social. Si las Administraciones Públicas concedieran más flexibilidad, se conseguirían salvar más empresas, lo que redundaría en mayores ingresos fiscales y de la Seguridad Social a medio plazo.

También, creemos conveniente incluir en la ley concursal un apartado específico para los trabajadores autónomos y pymes, teniendo en cuenta que en España el 99.7 por ciento de las empresas son autónomos y pequeñas empresas.

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