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La morosidad de las empresas del Ibex35 sirve para que se financien los grandes a costa de los autónomos y pequeñas empresas

febrero 7, 2013 by CIAE Autónomos in Sala de Prensa with 0 Comments

CIAE (Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español) pregunta a las instancias económicas del Gobierno) ¿A qué se debe la impunidad con que las grandes empresas del Ibex 35 incumplen la Ley de Morosidad?
CIAE (Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español) pregunta a las instancias económicas del Gobierno ¿A qué se debe la impunidad con que las grandes empresas del Ibex 35 incumplen la Ley de Morosidad? ¿Para cuando un régimen sancionador que evite que estas grandes corporaciones retrasen sus pagos a límites insoportables para sus proveedores, generalmente autónomos y pequeñas empresas? ¿Cuándo se va a respetar en España la cultura del pago sin demora cumpliendo las normativas que apuntan hacia este objetivo?

Aunque la Ley de Morosidad ha rebajado en poco más del 10% la demora de los pagos que se deben a autónomos y pequeñas empresas, aún están muy lejos de cumplirse los mandatos que emanan de la ley estatal y de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo que establece que las facturas se paguen en el plazo de un mes. Es una realidad incontestable que muchas de las grandes dificultades de tesorería de la actividad económica de los autónomos parten del enorme retraso en cobrar los trabajos realizados a las grandes empresas, si a esto se añade el deber que tienen los autónomos y pequeñas empresas de adelantar el pago del IVA, con las fuentes del crédito en sequía permanente, nos da una situación insoportable, causa de muchos cierres de negocios.

Los datos que recientemente emitió la Comisión Nacional de Valores, CNMV; confirmaron que el plazo medio que las empresas del Ibex 35 utilizan en pagar sus facturas a proveedores es de 215 días. Sin duda,  es una vulneración estrepitosa de la  Ley de Lucha Contra la Morosidad, Ley 15/2010, que marca un plazo máximo de 75 días.

Este quebrantamiento de la norma tiene nefastas consecuencias, reflejadas en el estudio de la firma Intrum Justitia en el que se afirma que el 59 % de las empresas españolas considera que el riesgo de impago ha crecido en el último año y nada menos que el 90 % del tejido productivo que opera en la economía real piensa que el Gobierno no hace lo suficiente para combatir el grave daño que ocasiona la morosidad.

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