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Sala de Prensa

La lucha contra el fraude, un punto de mira desviado

junio 29, 2012 by CIAE Autónomos in Sala de Prensa with 0 Comments

El Consejo de Ministros, el pasado viernes 22 de junio, acordó modificar el Anteproyecto de Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal para su tramitación legal ante el Parlamento por el trámite de urgencia, a fin de que entre en vigor el 1 de enero de 2013. 

A este respecto, CIAE considera que es una regresión la propuesta del Gobierno de excluir del régimen objetivo de módulos a aquellos autónomos que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares, cuyo volumen de rendimientos respecto al año anterior supere los 50.000 euros, en el caso de los autónomos del transporte de mercancías por carretera y mudanzas, con un límite de 300.000 euros de facturación.

CIAE ya manifestó en sus alegaciones al citado Anteproyecto que esta medida en sus planteamientos considera que todos los que exceden el umbral de 50.000 euros con menos del 50% de sus operaciones a particulares, son defraudadores, mientras que con los defraudadores reconocidos, como son los que no declararon rentas, el Anteproyecto mantiene una actitud benévola y de exención fiscal ante una regularización. Esta asimetría no solo es injusta sino perversa.

La medida, tal como está redactada, puede lastrar a muchos autónomos definitiva-mente, e incluso provocar el efecto contrario que dice perseguir, incrementando los focos de economía sumergida en diversos sectores. El colectivo de autónomos dependientes se verá por ello gravemente afectado, siendo el “empresario” más débil y desprotegido de nuestro país.
 
En este sentido, proponemos que se mantengan los umbrales previstos para la estimación objetiva, que la persecución y prevención del fraude se centre allí donde de verdad radica, que no es entre el colectivo de autónomos, tal como en diversas ocasiones el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda ha afirmado con datos fehacientes, demostrando que el 70% del fraude está ubicado en el entorno de los grandes patrimonios y las grandes empresas, por tanto es ahí donde se concentran las bolsas de fraude y donde tienen que dirigirse los esfuerzos y los recursos del Estado.

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